Este lunes el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Ahmad Khan y los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, quienes el viernes pasado emitieron una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin.
El organismo señala que, sobre la base de la solicitud de orden de arresto contra ciudadanos rusos presentada por el fiscal, los jueces de la Corte «dictaron ilegalmente órdenes de detención» contra el presidente ruso y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova.
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Se señala que el proceso penal iniciado por la Corte es «intencionadamente ilegal, ya que no existen motivos de responsabilidad penal», y en virtud de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, firmada en 1973, los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción de Estados extranjeros.
Consideran que las acciones del fiscal y los jueces contienen elementos de delitos previstos en el Código Penal de Rusia, concretamente «la persecución penal de una persona que se sabe inocente, combinada con la condena ilegal de una persona por un delito grave o particularmente grave, así como la preparación de un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional, con la intención de agravar las relaciones internacionales».
