El gobierno de Nicaragua, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, informó que toma distancia y no respalda la demanda interpuesta por la doctora Ana Gisella Sánchez Moroto, presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en contra del expresidente de esa organización Dante Mossi.
“Aquí lo que está claro en esta carta, es que tomamos distancia, que no respaldamos, que no apoyamos una demanda que consideramos absurda además porque tenemos nuestra propia institucionalidad en la región y porque son procesos que involucran al Banco Centroamericano de Integración, en el que estamos todos; y que por lo tanto deben de ser consultados y consensuado y en este caso no fue consensuado. Nosotros no somos parte de esa demanda que va en detrimento del propio Banco Centroamericano de Integración”, resaltó la vicegobernante de Nicaragua.
Explicó que esta carta la ha hecho llegar el Ministro de Hacienda y gobernador por Nicaragua ante el BCIE, Bruno Gallardo a la presidenta ejecutiva del organismo regional.
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En la carta se refiere a la nota de prensa publicada en la página web del BCIE el día jueves 5 de septiembre, sobre la presentación de una demanda en contra del expresidente ejecutivo de este organismo Dante Mossi y que fue interpuesta ante una Corte Federal de los Estados Unidos.
“Al respecto doctora Sánchez, le expresamos que el gobierno de Nicaragua, no respalda, que el gobierno de Nicaragua no respalda y toma distancia o se distancia de esta demanda” señala la misiva.
A la vez que considera que el BCIE debería de enfocarse en financiamiento a los países, evitando acciones mediáticas en detrimento de sus propia imagen. Acciones que puedan ser sujeta de manipulación política.
“Creemos que el BCIE y los países que lo conformamos contamos con los instrumentos jurídicos para resolver diferencias, por lo que estamos en desacuerdo con pretender solucionar en países extra regionales que no son accionistas de nuestra organización”, señala.
Agrega que este tipo de acción tuvo que ser consultada y ser consensuada con todos los gobernadores y directores de los países de la región “por razón de poder de voto y hasta por cortesía básica al tratarse de una demanda en contra de quien fuera la máxima autoridad del BCIE que contó con todo nuestro respaldo durante su gestión”.
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