La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación disciplinaria en contra del canciller, Álvaro Leyva y el secretario general de ese despacho, José Antonio Salazar, por supuestas irregularidades en la suspensión de un proceso de licitación de pasaportes.
La Sala Disciplinaria de Instrucción, según un comunicado de la Procuraduría, señaló que al declararse «desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento», Leyva y Salazar podrían haber «vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria».
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Destaca este organismo, que el jefe de la diplomacia colombiana y el secretario general de ese Ministerio «posiblemente pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad».
Para constatar si hubo responsabilidad de ambos en la decisión, el ente solicitó pruebas y buscará determinar si lo ocurrido constituye una falta disciplinaria y «si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad».
