El Gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó un decreto supremo para extender por 90 días el estado de excepción vigente en Bolivia, una medida que el Ejecutivo justifica por la persistencia de factores de riesgo y posibles movilizaciones.
El decreto se remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá decidir en un plazo de 72 horas si avala o rechaza la prórroga.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, defendió la extensión de la medida como necesaria para mantener el control ante el escenario de conflictividad social. La disposición, cuya vigencia inicial concluye el 18 de septiembre, ha generado cuestionamientos entre organizaciones sindicales y sociales, que consideran que podría utilizarse para restringir las protestas y movilizaciones.
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El rechazo se produce en medio del malestar por el aumento del precio del diésel, la pérdida de ingresos y las denuncias de persecución contra dirigentes sindicales y sociales. El conflicto tiene como antecedente las movilizaciones de mayo y junio, encabezadas por organizaciones obreras y campesinas, que incluyeron bloqueos de carreteras y provocaron problemas de abastecimiento y millonarias pérdidas económicas.
Mientras el oficialismo sostiene que la prórroga busca preservar la estabilidad y avanzar con la reactivación económica, sectores sociales y políticos advierten sobre sus posibles efectos en las libertades públicas. La Asamblea Legislativa deberá pronunciarse sobre la continuidad de la medida en un contexto marcado por la tensión entre el Gobierno y las organizaciones movilizadas.
