Cientos de inquilinos se movilizaron frente al Congreso de los Diputados de España para exigir la aprobación de dos reales decretos sobre vivienda, mientras el Legislativo debate medidas para frenar la especulación inmobiliaria y ampliar la protección de quienes alquilan una vivienda.
Los manifestantes, convocados por el Sindicato de Inquilinas bajo la consigna «No nos vamos, nos quedamos», reclaman el fin del rentismo. Parte de los activistas que acampan desde el 26 de septiembre en la madrileña Plaza del Sol llegó hasta las inmediaciones del Congreso, donde la vocera de la organización, Alicia del Río, llamó a una huelga general.
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El Gobierno de Pedro Sánchez decidió mantener los decretos en la agenda parlamentaria pese a la petición de la oposición para retirarlos. El Partido Popular, Vox y Junts anunciaron que votarán en contra de las normativas, mientras La Moncloa defiende la necesidad de encontrar soluciones para trabajadores, jóvenes y adultos mayores afectados por la crisis habitacional.
Las propuestas contemplan la renovación automática e ilimitada de los contratos de alquiler para quienes cumplan con el pago de la renta. Además, establecen una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos vigentes que expiren antes del 31 de diciembre de 2028, una medida que beneficiaría directamente a cerca de cinco millones de personas.
La movilización tomó fuerza tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer octogenaria con discapacidades que llevaba 70 años viviendo en una casa de Madrid y que no pudo pagar el alquiler después de un incremento cercano al 500 %. El caso se convirtió en uno de los detonantes de las protestas contra los desalojos, que superan los 25.000 al año en España.
