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Revela informe que cada semana son asesinados cinco líderes sociales en Colombia

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El número de excombatientes de las antiguas FARC-EP y líderes sociales asesinados en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y la entonces guerrilla, en 2016 asciende a casi mil, denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos esta semana.

Esas cifras hacen que, en promedio, cinco líderes sociales o exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hayan resultado asesinados cada semana entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, señaló este lunes un informe divulgado en la capital colombiana.

En ese período se identificaron 944 homicidios de personas vinculadas a esos grupos (igual defensores de derechos humanos), según se lee en el informe de la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y la Comisión Colombiana de Juristas.

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De acuerdo al reporte, «existen tres patrones relacionados con los crímenes: sistematicidad, estigmatización e impunidad», expusieron las Organizaciones no gubernamentales (ONG), al tiempo que resumieron las 66 sentencias dictadas contra los responsables, solo el 7 por ciento del total de los casos registrados, por lo cual criticaron la labor de la Fiscalía.

Los datos recopilados sitúan que los asesinatos de muertes se localizaron en 29 de los 32 departamentos del país, aunque la situación más compleja se registra en Cauca, Antioquia, Nariño, Valle y Norte de Santander, con 568 homicidios de líderes sociales y exguerrileros, con lo cual esos cinco territorios concentran el 60 por ciento de los casos, advirtieron.

Estos asesinatos afectan a grupos con características similares, se concentran en determinados sectores de liderazgo o defensa de los derechos humanos, o en la población excombatiente, y se focalizan en determinadas zonas, apunta el documento.

La investigación asegura que en el 80 por ciento de las comunidades impactadas hubo presencia de cultivos de coca después de 2016, y casi todas tienen tasas de homicidio por encima de 10 por cada 100.000 habitantes.

Otras organizaciones, como las Naciones Unidas, alertaron en ocasiones anteriores sobre la falta de una repuesta por parte del Gobierno de Iván Duque a este flagelo y exigieron una mayor atención institucional a los excombatientes y a las condiciones de seguridad en general.

Cada semana es noticia la muerte, a manos de grupos paramilitares, de antiguos combatientes y líderes sociales.

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