Pacientes renales protestaron en la plaza de San Francisco, en Ecuador, para exigir la continuidad de sus tratamientos, luego de que las autoridades instalaran vallas metálicas que les impidieron acercarse al Palacio de Carondelet.
Los manifestantes denuncian que el Estado mantiene una deuda con las clínicas dializadoras que alcanza los 26 meses, una situación que, según sostienen, pone en riesgo la atención de unos 10.800 pacientes que dependen de estos servicios.
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Las protestas también se extendieron a Guayaquil, Cuenca y Balzar, donde los afectados denunciaron suspensiones de diálisis, falta de medicamentos inmunosupresores para pacientes trasplantados y derivaciones a otros centros de atención.
Alejandro Solano, paciente del Ministerio de Salud Pública, expresó la preocupación de los afectados: «No tenemos solución, como pacientes renales nos sentimos sentenciados a morir».
Informes del IESS y del Ministerio de Salud citados por los manifestantes señalan además problemas de abastecimiento. El promedio alcanza el 65 % en hospitales del IESS y el 45 % en los del Ministerio, mientras cuatro centros de esta última red registran niveles inferiores al 30 %.
