Por: Fabrizio Casari
Desde el 24 de febrero de este año, los medios de comunicación pertenecientes al gobierno ruso, como Russia Today y Sputnik, han sido bloqueados en toda la UE, así como en Estados Unidos. Este fue el primer acto de las sanciones contra Moscú establecidas por la UE como respuesta al inicio de la operación militar especial en Ucrania. Una evidente conexión sentimental con el gobierno de Kiev, que incluso sin la guerra había cerrado 11 partidos, dos televisiones y una emisora de radio por «sospecha de simpatía rusa» y había prohibido el uso del ruso como lengua oficial (en un país donde una gran parte de la población es rusoparlante).
Los medios de comunicación rusos, a través de la oficina de Russia Today en Francia, decidieron recurrir al Tribunal Europeo contra la decisión, que viola el principio europeo de libre circulación de personas, bienes e ideas y aplica una censura contraria a todas las normas que regulan internacionalmente el libre acceso a la información.
Por parte rusa, no había ilusiones sobre el resultado del llamamiento, pero desde el punto de vista político, la idea de provocar una reacción embarazosa y vergonzosa que hable de la hipocresía europea era una oportunidad que había que aprovechar.
Y efectivamente así fue. El Tribunal de la UE dictaminó que esta «prohibición temporal» «no pone en cuestión la libertad de expresión como tal», al contrario que los medios de comunicación rusos. En su decisión, el Tribunal de la UE sostiene en particular que estas medidas, «siempre que sean temporales y reversibles, no afectan de forma desproporcionada al contenido esencial de la libertad de empresa de RT France». El tribunal considerò que «las restricciones de RT France a la libertad de expresión son proporcionadas, en la medida en que son apropiadas y necesarias para los objetivos perseguidos», a saber, impedir la «propaganda» en apoyo de la «agresión militar de Ucrania por parte de la Federación Rusa» durante «las emisiones transmitidas por televisión e Internet por un medio financiado íntegramente por el Estado ruso».
Esta estructura de propiedad es, en efecto, un elemento insistente en los terrenos. Pero la propiedad gubernamental no puede ser en ningún caso un elemento de culpabilidad para los medios de comunicación sancionados, y convendría recordar que todas las grandes cadenas de radio y televisión de Europa son propiedad de sus respectivos gobiernos. Así, se acusa a Rusia de hacer lo que hace Europa, es decir de mantener sus propios medios de comunicación públicos.
En cuanto a la propaganda, es curioso que el término sólo se utilice para los opositores, pero forma parte de la guerra terminológica con la que los buitres se presentan como gorriones. A partir de la codificación de una terminología correspondiente a los mensajes que abierta o subliminalmente se pretenden transmitir, comienza el bombardeo mediático destinado a convertir lo real con la versión fabricada de los mismos.
Así que la UE está en guerra, pero sus medios de comunicación informan, mientras que en Rusia hacen propaganda. Los rusos no se retiran, son empujados hacia atrás. Los europeos son empresarios y los rusos son oligarcas. Las monarquías europeas son democráticas mientras que la democracia rusa es una autarquía. Los límites de expresión en la UE son una medida de garantía, mientras que en Rusia son censura. Lo que para la UE es seguridad, para Rusia se dice represión.
Como se puede ver, la sentencia es una declaración de campo, nada que ver con la interpretación y aplicación del Derecho. Por el contrario, la lectura de su significado parece confirmar la suposición de que la ley se aplica a los enemigos y se interpreta para los amigos.
El hecho de que el derecho a la censura sea reivindicado política y jurídicamente por quienes, fuera de la UE, se erigen en defensores de la libertad de prensa en otros países, forma parte de las paradojas del marco ideológico atlantista. El Parlamento Europeo, un agradable conventículo sin sustancia, emite condenas a todos mientras censura, lo que explica la ausencia de toda decencia legal, sacrificada en el altar de la obediencia debida a la OTAN.
La decisión del Tribunal de la UE es, de hecho, un acto político, una forma de intentar respaldar con la apariencia de la ley las opciones ideológicas de Bruselas, que son el producto de una guerra ideológica, militar, comercial y política del atlantismo contra los países no pertenecientes a la OTAN. Se puede objetar que no deja de ser una sentencia de una autoridad judicial, pero no se puede decir que se trate de una fuente autorizada de derecho internacional. En efecto, el Tribunal General es, junto con el Tribunal de Justicia, uno de los dos órganos que componen el sistema judicial de la Unión Europea, es decir, su Tribunal de Justicia. Pero su autoridad en el ámbito del derecho presenta algunos límites bastante evidentes, dada su subordinación de facto a las decisiones políticas de la Unión Europea.
No es casualidad que sus sentencias estén siempre en consonancia con las decisiones políticas de la Comisión Europea y de las demás instituciones de la UE. Y no podía ser de otra manera, a menos que se quiera señalar las decisiones de Bruselas y Estrasburgo como contrarias al Derecho Internacional. No es casualidad que incluso cuando lo son, como en el caso de las sanciones que afectan a 30 países o de las medidas restrictivas unilaterales, ilegítimas e ilegales que afectan a Cuba, Nicaragua y Venezuela, el Tribunal guarde silencio y sea aquiescente.
Sin embargo, se trata de sanciones y restricciones que violan las normas del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas; contravienen la normativa de la OMC y los acuerdos internacionales de protección de las inversiones que la propia UE firmó e inspiró. Ni que decir tiene, por tanto, que esta interpretación utilitaria e instrumental del Derecho no puede confundirse con el Derecho Internacional como tal, que vive de su propia luz, indiferente a los cálculos políticos y que es el resultado de una orientación jurídica que no puede someterse a la voluntad política de ninguna institución política, ya sea nacional o internacional.
La verdad oculta
En realidad, la decisión de la OTAN -de la que la UE se ha convertido en un dócil instrumento- tiene un trasfondo, una función y una finalidad totalmente políticos. El trasfondo ideológico es la entrada en guerra contra Rusia. El envío de armas y municiones a Ucrania, el entrenamiento de sus tropas y la financiación de su gobierno, así como la guerra comercial, política y diplomática contra Rusia convierten a la UE en una institución en guerra con Moscú. Que no lo haga abiertamente, con la participación directa de sus ejércitos en el conflicto, es una cuestión de evaluación de riesgos, es decir, el miedo a salir devastado. Pero su participación directa en el conflicto es innegable.
Con estos antecedentes, se estableció la función de censura. Se adoptaron sanciones contra los medios de comunicación rusos, exactamente en la lógica de los países en guerra que no permiten que el enemigo esté presente en su territorio para dar su versión de los hechos. Esto se califica de contaminación propagandística, pero es exactamente lo contrario: con una información inequívoca y militarizada se pretende evitar que la población tenga una versión alternativa a la contada por el gobierno, impidiendo así el desmentido de su propia propaganda de guerra.
Por el contrario, hay que señalar que el imperio mediático europeo tiene un miedo manifiesto a dos medios de comunicación rusos que, juntos, ni siquiera rozan la potencia de fuego del sistema de información occidental, el más grande, rico y extendido del mundo. Porque no puede permitirse el lujo de contar la verdad de la guerra, ya que de lo contrario el coste para Europa de mantener la junta de Kiev sería erróneo o innecesario y saldría a relucir la crueldad de sus militares al estilo nazi, y no la narrativa falsificada que los presenta como héroes.
E incluso en Estados Unidos, la agitación de la censura está en marcha. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Meléndez, (entre los líderes de las alimañas cubano-americanas de Florida) escribió una carta pidiendo a la dirección de Meta, Twitter y Telegram que «aumenten el esfuerzo para limitar la difusión de los contenidos de Sputnik World y Russia Today en las redes sociales». Parece que la población latina que vive en EE.UU. se orienta más hacia los dos medios de comunicación rusos que se publican en español que hacia la CNN, Univisión o las cadenas españolas, y los senadores piden al menos su restricción en las redes sociales.
Este es el resumen político de la mordaza: cuando una decisión ideológica, aunque esté marcada por el efecto autodestructivo, debe sin embargo ser perseguida porque la obediencia al aliado de ultramar pesa más que los intereses de la Unión, su narrativa no puede encontrar puntos de incertidumbre. Lo que se necesita es una información blindada, que borre lo real, que sustituya la información por la propaganda, que obtenga el consenso por cualquier medio, sin que puedan circular verdades diferentes, aunque sea en canales de poco peso y sin influencia en grandes números. Porque poco es suficiente, si se hace bien, para crear daño a los autores de las fechorías.
