Nicaragua una “dictadura” cuando sigue el ejemplo de EE.UU. sobre las ONG

La Fundación Nacional para la Democracia (NED) y USAID invirtieron dinero en las ONG nicaragüenses después de que el presidente Daniel Ortega volviera a ocupar el cargo en 2007, con el objetivo específico de capacitar a las personas para oponerse a su gobierno y crear las condiciones para un cambio de régimen.

El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua está “arrasando con la sociedad civil”, según Associated Press. The Guardian lo llamó una “purga radical de la sociedad civil”, mientras para el New York Times, Nicaragua está “avanzando poco a poco hacia la dictadura”. Según el Washington Post, el país ya está “abiertamente en una dictadura”. En un llamado repetido por la BBC, la comisionada de derechos humanos de la ONU instó a Nicaragua a detener su “dañina represión contra la sociedad civil”.

¿Qué pudo haber provocado una crítica tan generalizada? Resulta que la “purga radical” de la Asamblea Nacional de Nicaragua fue la cancelación de la condición de libre de impuestos de una pequeña proporción de las organizaciones sin fines de lucro en el país: apenas 440 en un período de cuatro años. En más de la mitad de los casos, estas ONG simplemente han dejado de funcionar o ya no existen. En otros casos, han incumplido (o se han negado) a cumplir con los requisitos legales, como presentar cuentas anuales o declarar las fuentes de su financiamiento. Pasos legales modestos que pasarían desapercibidos en la mayoría de los países, en el caso de Nicaragua, son una clara evidencia de que está “avanzando poco a poco hacia la dictadura”.

Ninguno de los reportajes de los medios hizo preguntas básicas, como qué hicieron estas organizaciones sin fines de lucro que llevaron al gobierno a tomar esta medida, o si otros países siguen prácticas similares y cuáles son los requisitos internacionales que debe cumplir Nicaragua sobre regulación de organizaciones sin fines de lucro. Aquí hay una historia mucho más grande que los medios corporativos ignoran. Rellenemos algunos de los huecos.

Tres preguntas básicas

Hay tres preguntas básicas. Primero, ¿Es Nicaragua excepcional en el cierre en esta escala de organizaciones sin fines de lucro? No, esta práctica se está observando en otros países. Si bien las cifras son difíciles de encontrar, las agencias gubernamentales en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y otros lugares han cerrado decenas de miles de organizaciones sin fines de lucro en los últimos años.

Por ejemplo, entre 2006 y 2011, el IRS (Internal Revenue Service) cerró 279.000 organizaciones sin fines de lucro de un total estadounidense de 1,7 millones y en 2020, cerró otros 28,000. La Comisión de Caridad en Gran Bretaña cierra alrededor de 4,000 por año. Y en Australia, se han cerrado unas 10.000 organizaciones sin fines de lucro desde 2014, una sexta parte del total. En Nicaragua, cuatro años de cierres hasta ahora han afectado al 7% de un total de más de 6.000 organizaciones sin fines de lucro.

Segundo, ¿Nicaragua impone reglas más estrictas que otros países? De nuevo, la respuesta es no. Las reglas introducidas en 2020 requieren que las organizaciones sin fines de lucro se inscriban como “agentes extranjeros” si reciben fondos del extranjero. El reportaje de Associated Press recogido por The Guardian pone esto entre comillas, pero este término se toma prestado de los requisitos mucho más estrictos que se aplican en Estados Unidos desde 1938 bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). El Financial Times apodó la Legislación nicaragüense como “Ley de Putin”, vinculándola erróneamente a Rusia, no a Estados Unidos.

Estados Unidos tiene algunas de las leyes más estrictas y detalladas del mundo, pero no son únicos: la Biblioteca del Congreso tiene ejemplos de 13 países con legislación similar. En Gran Bretaña, el año pasado el gobierno consultó sobre la introducción de un “Proyecto de Registro de Influencia Extranjera” que es similar a FARA. La ley de Nicaragua no es excepcional, y sus consecuencias en la reducción del número de ONG tampoco lo es. Cuando Australia introdujo leyes similares en 2014, en el año siguiente hubo 5000 cierres de organizaciones sin fines de lucro como resultado.

Un factor importante es que Nicaragua, al igual que otros países, tiene que cumplir con las regulaciones internacionales sobre los riesgos que plantean las organizaciones sin fines de lucro no reguladas. Estos incluyen la preocupación internacional generalizada de que las organizaciones sin fines de lucro son susceptibles al lavado de dinero.

Ya sea deliberadamente o por ignorancia, los medios ignoran el hecho de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establecido en 1989 por los gobiernos del G7, impone reglas que se aplican a nivel mundial. En 2020, Nicaragua fue elogiada por el GAFI por “cumplir en gran medida” con sus requisitos. El GAFI respaldó específicamente los controles más estrictos y las sanciones por incumplimiento introducidas por el gobierno, incluida la amenaza de retirar el estatus legal de una organización que infringe la ley.

Tercero, ¿Se les ha dado tiempo a las organizaciones sin fines de lucro para cumplir con las reglas? Según The Guardian, “el gobierno no les estaba dando la oportunidad de cumplir con los nuevos requisitos legales”, pero sé que esto no es cierto. He hablado con líderes de varias organizaciones sin fines de lucro que han completado el proceso o están trabajando en ello. Las reglas son estrictas y el ministerio del gobierno no cuenta con suficientes recursos para la tarea que se le ha encomendado, pero cientos de ONG están tomando medidas para cumplirlas. A muchos de los que no pasan la prueba se les da la opción de reconstituirse como entidades sin estatus libre de impuestos.

Las reglas se aplican a las ONG buenas y malas

¿Preguntan los medios si Nicaragua podría haber introducido estas leyes estrictas debido a transgresiones obvias por parte de organizaciones sin fines de lucro? No: Al contrario, los medios asumen que las quejas de las ONG sobre las reglas son justificadas.

Los reportajes sólo hacen referencia desdeñosa a la historia reciente de abusos por parte de algunas ONG nicaragüenses. Ignoran el hecho clave de que algunos de ellos existieron principalmente para canalizar millones de dólares en fondos estadounidenses hacia actividades que descaradamente interfirieron en la política nicaragüense. Ignoran la gran cantidad de recursos provenientes de las agencias financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, como National Endowment for Democracy (NED) y USAID, que invirtieron dinero en las ONG nicaragüenses después de que el presidente Daniel Ortega volviera a ocupar el cargo en 2007, con el objetivo específico de capacitar a las personas para oponerse a su gobierno y crear las condiciones para un cambio de régimen.

Que la NED, USAID y otras agencias estadounidenses utilizan a las ONG nacionales de esta manera no es un secreto. Global Americans informó que la NED estaba “sentando las bases para la insurrección” en Nicaragua en 2018; Lobelog reveló que el Fondo Nacional para la Democracia se había jactado ante el Congreso de sus esfuerzos por formar jóvenes discípulos del cambio de régimen, y el Consejo de Asuntos Hemisféricos describió en detalle el proceso de adoctrinamiento en que participaron.

Por supuesto, esta interferencia se ha estado practicando durante décadas en todo el mundo. Hace seis años, Telesur demostró cómo funcionaba en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Actividades similares financiadas por la NED y agencias aliadas se han llevado a cabo en Croacia, Rusia, Ucrania, Polonia y muchos otros países.

Tailandia está introduciendo leyes similares a las de Nicaragua para restringir la manipulación extranjera de las ONG; está lejos de ser el primero en hacerlo. El Senador Edward J. Markey de Massachusetts y el Senador Jeff Merkley de Oregon están instando a que se eliminen las nuevas leyes de Tailandia, ya que “dañarían a la sociedad civil”, justo el tipo de advertencia que los medios corporativos han propagado en el caso de Nicaragua.

El Financial Times llegó incluso a citar a Aimel Ríos, de la NED, quien instó a una mayor presión internacional sobre Nicaragua: “Parece que ese es el único idioma que entenderá el régimen”, dijo. No se mencionó el hecho de que la NED había estado directamente involucrada en el intento de cambio de régimen en Nicaragua, en marcado contraste con la hipervigilancia de los medios sobre cualquier supuesta interferencia de Rusia o China en la política doméstica de países de Occidente.

Aparte de los asuntos políticos, existe una cuestión más amplia sobre el valor de las organizaciones sin fines de lucro para la sociedad nicaragüense. Hay que decir, por supuesto, que muchas organizaciones sin fines de lucro realizan un excelente trabajo humanitario. Pero hay excepciones significativas, ajenos a los anteriores.

Por ejemplo, los organismos locales de “derechos humanos” han sido totalmente parcializados en su trabajo, convirtiéndose en poco más que mercaderes de propaganda, como demostré en otro de mis artículos. Muchas de las ONG de salud ahora cerradas, existían principalmente como organizaciones de propaganda, en lugar de instituciones profesionales genuinas, particularmente durante la pandemia, cuando intentaron (con cierto éxito inicial) disuadir a las personas de usar el servicio de salud pública.

Algunas universidades privadas han perdido su estatus por no rendir cuentas y han sido asumidas por el Estado. Lejos de la impresión presentada por el New York Times, varios académicos que trabajan con sus antiguos alumnos me han dicho que están mucho más felices ahora que tienen acceso a mejores instalaciones administradas por el Estado, sus tarifas son fijas y ya no tienen que pagar tarifas exorbitantes (en algunos casos, $1,000) para graduarse.

The Washington Post seleccionó para crítica el cierre de la Academia Nicaragüense de Letras de “94 años”. Sin embargo, un miembro de su junta directiva admitió que estaba en “desorden administrativo total” y nunca había cumplido con los requisitos de presentar sus cuentas, a pesar de que estaba recibiendo $62,000 dólares en fondos del gobierno cada año.

Propaganda occidental versus hechos

Quizás las afirmaciones más descabelladas sobre la importancia de las ONG han sido realizadas por Open Democracy, un sitio web sin fines de lucro que afirma que “desafía el poder, inspira cambios y construye liderazgo entre grupos subrepresentados en los medios”. Muchos servicios para la mujer, como los servicios de salud reproductiva, “están desapareciendo”, dice, repitiendo las afirmaciones de una ONG nicaragüense que se niega a cumplir con las nuevas leyes. Sin ellos, aparentemente, “las perspectivas… son sombrías”.

El artículo tergiversó descaradamente la situación de la salud de la mujer en Nicaragua, que cuenta con uno de los mejores servicios de salud pública de Centroamérica, gratuito para todos. Ha reducido, por ejemplo, la mortalidad materna de 92,8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2006, a 31,6 en 2021, una reducción del 66%. Esto se debe en parte a las 180 casas maternas, que ofrecen atención dedicada a las mujeres embarazadas. El Estado también brinda planificación familiar gratuita en todos los centros de salud, incluidas las ligaduras de trompas para las mujeres que no desean tener más hijos.

Asimismo, muchas ONG brindan atención médica, a menudo con financiamiento extranjero y la mayoría de ellas están perfectamente contentas de registrarse bajo la nueva legislación y continuar trabajando en cooperación con el Ministerio de Salud.

Por supuesto, es casi inconcebible dar algún crédito en los medios de comunicación corporativos a Nicaragua por sus logros en el cuidado de la salud, o muchos otros aspectos de la provisión social. Como ha señalado FAIR (Fair and Accuracy in Reporting) en varias ocasiones, los medios corporativos son consistentes en hacer de cada noticia un ataque contra el gobierno sandinista de Nicaragua, sin ningún intento de equilibrio o investigación genuina de los cuentos que les presentan los opositores al gobierno, especialmente aquellos provenientes de los medios nicaragüenses hostiles al gobierno sandinista.

El Departamento de Estado de Estados Unidos empieza su resumen de la política sobre “Relaciones de Estados Unidos con Nicaragua”, actualizada en septiembre del año pasado, con la sorprendentemente honesta declaración de que “El gobierno de Estados Unidos trabaja para promover los intereses de Estados Unidos en Nicaragua”. Desafortunadamente, los medios internacionales parecen hacer lo mismo.

*[John Perry vive en Masaya, Nicaragua, y escribe sobre América Central para The Nation, FAIR, The London Review of Books, OpenDemocracy, The Council on Hemispheric Affairs, Counterpunch y otros medios].

——————————————————————————————————————————————————

VERSIÓN EN INGLÉS

Nicaragua a ‘Dictatorship’ When It Follows US Lead on NGOs

The National Endowment for Democracy (NED) and USAID poured money into Nicaraguan NGOs after President Daniel Ortega was voted back into office in 2007 with the specific aim of training people to oppose his government and create the conditions for regime change.

Daniel Ortega’s government in Nicaragua is “laying waste to civil society” according to the Associated Press. The Guardian called it a “sweeping purge of civil society,” while for the New York Times, Nicaragua is “inching toward dictatorship.” According to the Washington Post, the country is already “a dictatorship laid bare.” In a call repeated by the BBC, the UN human rights commissioner urged Nicaragua to stop its “damaging crackdown on civil society.”

What can possibly have provoked such widespread criticism? It turns out that the Nicaraguan national assembly’s “sweeping purge” was the withdrawal of the tax-free legal status of a small proportion of the country’s nonprofit organizations: just 440 over a period of four years. In more than half the cases, these NGOs have simply ceased to function or no longer exist. In other cases, they have failed (or refused) to comply with legal requirements, such as producing annual accounts or declaring the sources of their funding. Modest legal steps that would go unnoticed in most countries are – in Nicaragua’s case – clear evidence that it is “inching toward dictatorship.”

None of the media reports asked basic questions, such as what these nonprofits have done that led to the government taking this action, whether other countries follow similar practices, or what international requirements about the regulation of nonprofits Nicaragua is required to comply with. There is a much bigger story here that corporate media ignore. Let’s fill in some of the gaps.

Three basic questions

There are three basic questions. First, is Nicaragua exceptional in closing nonprofits on this scale? No, the practice is widespread in other nations. While figures are difficult to find, government agencies in the United States, Britain, Australia and elsewhere have closed tens of thousands of nonprofits in the last few years.

For example, between 2006 and 2011, the IRS closed 279,000 nonprofits out of a US total of 1.7 million; it closed 28,000 more in 2020. The Charity Commission in Britain closes around 4,000 per year. And in Australia, some 10,000 nonprofits have been closed since 2014, one-sixth of the total. In Nicaragua, four years of closures have so far affected only 7% of a total of more than 6,000 nonprofits.

Second, does Nicaragua impose tighter rules than other countries? Again, the answer is no. Rules introduced in 2020 required nonprofits to register as “foreign agents” if they receive funds from abroad. The Associated Press report, picked up by the Guardian, puts this in scare quotes, but the term is borrowed from the far heavier requirements that have applied in the US since 1938 under the Foreign Agents Registration Act (FARA).The Financial Times dubbed the Nicaraguan legislation “Putin’s Law,” erroneously linking it to Russia, not the United States.

The US has some of the world’s strongest and most detailed powers, but they are not unique: The Library of Congress has examples of 13 countries with similar legislation. In Britain, the government consulted last year on the introduction of a “Foreign Influence Registration Scheme,” which is similar to FARA. Nicaragua’s law is not exceptional, and nor were its consequences in reducing NGO numbers; when Australia introduced similar laws in 2014, there were 5,000 nonprofit closures in the following year as a result.

An important factor is that Nicaragua, like other countries, has to comply with international regulations that address the risks posed by unregulated nonprofits. These include widespread international concern that nonprofits are susceptible to money-laundering.

Whether deliberately or out of ignorance, media ignore the fact that the Financial Action Task Force (FATF), set up in 1989 by the G7 governments, imposes rules that apply globally. In 2020, Nicaragua was praised by the FATF for “largely complying” with its requirements. FATF specifically endorsed the tougher controls and the sanctions for non-compliance that the government introduced, including the threat of withdrawing an organization’s legal status.

Third, have nonprofits been given time to comply with the rules? According to the Guardian, “the government was not giving them an opportunity to get in line with new legal requirements,” yet I know this to be untrue. I have talked to leaders of several nonprofit organizations who have completed the process or are working their way through it. The rules are tough, and the government ministry is under-resourced for the task it has been given, but hundreds of NGOs are taking steps to comply. Many of those who fail the test are given the option of reconstituting themselves as businesses without tax-free status.

Rules apply to good and bad NGOs

Do the media ask if Nicaragua might have introduced these stringent laws because of obvious transgressions by nonprofits? No: On the contrary, the media assume that the NGOs’ complaints about the rules are justified.

The reports make only dismissive reference to the recent history of abuses by some Nicaraguan NGOs. They ignore the key fact that some of them existed principally to channel millions of dollars in US funding into activities that blatantly interfered in Nicaraguan politics. They ignore the largesse of agencies funded by the US government, such as the National Endowment for Democracy (NED) and USAID, which poured money into Nicaraguan NGOs after President Daniel Ortega was voted back into office in 2007, with the specific aim of training people to oppose his government and create the conditions for regime change.

That the NED, USAID and other US agencies use national NGOs in this way is hardly a secret. Global Americans reported that the NED was “laying the groundwork for insurrection” in Nicaragua in 2018; Lobelog revealed that the National Endowment for Democracy had bragged to Congress about its efforts to create young disciples of regime change, and the Council on Hemispheric Affairs described in detail the indoctrination process in which they took part.

Of course, this interference has been happening for decades across the world. Six years ago, Telesur showed how it worked in Venezuela, Ecuador and Bolivia. Similar activities funded by the NED and allied agencies have been carried out in Croatia, Russia, Ukraine, Poland and many other countries.

Thailand is currently introducing similar laws to those in Nicaragua to restrict foreign manipulation of NGOs; it is far from the first to do so. Sen. Edward J. Markey of Massachusetts and Sen. Jeff Merkley of Oregon are urging that Thailand’s new laws be dropped, as they “would harm civil society” – just the kind of warning that media have echoed in the case of Nicaragua.

The Financial Times went so far as to quote the NED’s Aimel Ríos, who urged tougher international pressure on Nicaragua: “It does seem that is the only language the regime will understand,” he said. The fact that the NED had been directly involved in attempted regime change in Nicaragua was not mentioned. Contrast this with the media’s hypervigilance about any suggested interference by Russia or China in Western politics.

Apart from the political issues, there is a wider question of the value of nonprofit organizations to Nicaraguan society. It must be said, of course, that many nonprofits do excellent humanitarian work. But there are significant exceptions, quite apart from the examples above.

For example, local “human rights” bodies have been totally partial in their work, becoming little more than propaganda merchants, as

I have shown elsewhere. Many of the medical bodies now closed also existed mainly as propaganda organizations, rather than as genuine professional institutions – particularly during the pandemic, when they attempted (with some initial success) to deter people from using the public health service.

Some private universities have lost their status for failing to produce accounts, and have been taken over by the state. Far from the impression given by the New York Times, I have been told by various academics working with their former students that they are much happier now that they have access to better, state-run facilities, their fees are fixed and they no longer have to pay extortionate fees (in some cases, $1,000) to graduate.

The Washington Post picked out for criticism the closure of the “94-year-old” Nicaraguan Academy of Letters. Yet one of its board members admitted that it was in “total administrative disorder” and had never complied with requirements to file its accounts, even though it was receiving $62,000 in government funds each year.

Western propaganda vs. facts

Perhaps the wildest claims about the importance of NGOs have been made by Open Democracy, a nonprofit web outlet that claims it “challenges power, inspires change and builds leadership among groups underrepresented in the media.” Many services for woman, such as reproductive health services, “are vanishing,” it says, repeating claims made by a Nicaraguan NGO that refuses to comply with the new laws. Without them, apparently, “prospects…are bleak.”

The article seriously misrepresented the situation of women’s health in Nicaragua, which has one of the best public health services in Central America, free to all. It has, for example, reduced maternal mortality from 92.8 deaths per 100,000 live births in 2006, to 31.6 in 2021, a reduction of 66%. In part, this is due to its 180 casas maternas, which offer dedicated care to pregnant women. The state also provides family planning free of charge in all health centers, including tubal ligations for women who do not wish to have more children.

It is true that many NGOs provide healthcare, often with foreign funding, and most of these are perfectly happy to register under the new legislation and continue working in cooperation with the health ministry.

It is of course almost inconceivable that Nicaragua can be given any credit in the media for its achievements in healthcare, or many other aspects of social provision. As FAIR has pointed out on various occasions, corporate media are consistent in making every news story an attack on Nicaragua’s Sandinista government, with no attempt at balance or genuine investigation of stories presented to them by the government’s opponents, especially those coming from the hostile Nicaraguan media.

The US State Department begins its summary of its policy on “US Relations With Nicaragua,” updated last September, with the surprisingly honest statement that “The US government works to advance US interests in Nicaragua.” Sadly, the international media appear to do the same.

*[John Perry lives in Masaya, Nicaragua, and writes on Central America for The Nation, FAIR, The London Review of Books, OpenDemocracy, The Council on Hemispheric Affairs, Counterpunch and other outlets.]