En el marco de las acciones nacionales para combatir los delitos relacionados al crimen organizado, la Asamblea Nacional aprobó la Reforma a la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Esta reforma indica que el manejo y destino de los bienes pecuniarios e incautados deben ser depositados a n la cuenta de la Tesorería General de la República en el Banco Central de Nicaragua.
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Mientras que los bienes en dinero, títulos valores, certificados de crédito e instrumentos monetarios, y el dinero procedente de la venta de bienes en subasta se destinarán por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para cubrir necesidades presupuestarias previas a la autorización de la Presidencia de la República.
Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, manifestó que “es una reforma que viene a garantizar un mayor control sobre la utilización y disposición de los bienes incautados, decomisados y abandonados”.
