El Tribunal Constitucional de Perú acordó que el Ministerio de Salud entregue gratuitamente, en todos sus centros de atención pública, el anticonceptivo oral de emergencia que es reconocido como la píldora del día después.
A través de una sentencia, el tribunal estableció que el Ministerio de Salud debe encargarse de la distribución nacional sin costo del anticonceptivo, como parte de la política pública de planificación familiar.
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La resolución declaró fundada la demanda interpuesta por la ciudadana Violeta Cristina Gómez Hinostroza contra el Ministerio de Salud por considerar que se vulneraron sus derechos reproductivos, a recibir información, a la igualdad y a no ser discriminada.
Para el cumplimiento de esta potestad, el máximo tribunal de Justicia consideró imperativo que las mujeres tengan a su alcance toda la información y los métodos anticonceptivos que el Estado les pueda suministrar.
