La «Toma de Lima» o la «marcha de los Cuatro Suyos”, en la que miles de manifestantes se trasladaron desde diferentes rincones del país hasta Lima, cambia de una disputa profunda, pero regional, a una de escala nacional en el que las élites comienzan a sentir, de cerca, la radicalidad de las protestas.
La movilización comenzó desde el derrocamiento del presidente electo Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, no habían llegado con ímpetu a la gran ciudad donde se establecen el poder constituido y las clases dominantes.
La presidenta interina, Dina Boluarte, cuya renuncia es una de las principales demandas de las protestas, había dicho en los días previos a la movilización –convocada por movimientos sociales– que esperaba conversar con ellos sobre sus demandas.
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Los que se trasladaban hacia Lima denunciaron que las fuerzas militares y policiales estaban impidiendo el paso hacia la capital. Luego, la marcha fue atacada con gases lacrimógenos y no hubo situación de diálogo alguna.
Si lo que sucede en Perú no es un «estallido» –similar a los ocurridos en Colombia y Chile años anteriores–, entonces se parece bastante. Y podrían esperarse nuevas acciones que trastoquen el estatuto de la política peruana.
Ya el gobierno interino había decretado toque de queda y supresión de derechos en varias regiones y el estado de emergencia en todo el país. Con estas medidas y los más de cincuenta decesos, lo que empezó como una destitución presidencial por parte del Parlamento, ya tiene visos de dictadura.
