En apoyo a Texas en su batalla legal con la Administración de Joe Biden, con la que mantiene fuertes discrepancias sobre cómo debe abordarse la crisis migratoria en la frontera con México, un grupo de más de 40 legisladores han firmado el ‘amicus curiae’.
En términos jurídicos, los ‘amici curiae’ son escritos realizados por terceros ajenos a un caso o a una solicitud de opinión consultiva, “que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado” para colaborar con el tribunal en la resolución de la sentencia, según lo define la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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El documento fue presentado en el Tribunal del Distrito Oeste de Texas, división de Austin, y acusa al Gobierno federal de EE.UU. de “abdicar de su deber de proteger a los estados de la invasión y de asegurarse de que las leyes migratorias de la nación se ejecuten fielmente”.
El Departamento de Justicia de EE.UU. demandó a Texas para impugnar la Ley SB4 que permite a los agentes texanos detener, procesar y deportar a los migrantes ilegales, insistiendo en que esto es prerrogativa de las autoridades federales y que “Texas no puede administrar su propio sistema migratorio”. A finales de enero, la Corte Suprema apoyó la retirada del alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron a lo largo de la orilla del río Bravo.
Mientras las autoridades texanas continúan con su batalla legal para defender su política migratoria y la respectiva ley promulgada por el gobernador Greg Abbott, Arrington insiste en que la SB4 no solo es constitucional, sino que es necesaria ante la incapacidad de la Administración de Biden de contener la crisis en la frontera.