La jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Guatemala, Ingrid Vanessa Cifuentes, inició este lunes el juicio a los primeros ocho funcionarios por la muerte de 41 niñas, de entre 13 y 17 años y las heridas graves a otras 15 en un incendio en un hogar de protección y abrigo del Estado el pasado 8 de marzo de 2017.
Luego de suspenderse hasta en ocho ocasiones, el primer debate oral y público estaba programado, cinco años y diez meses después de la tragedia ocurrida en el denominado Hogar Seguro, situado en San José Pinula, a 22 kilómetros de la capital de Guatemala.
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Para Dacia Ramírez, madre de Achly Gabriela Méndez, una de las 41 niñas fallecidas, «la justicia llega tarde», aunque espera que sean condenados a «varios años de cárcel y paguen por lo que hicieron». Asegura que «obviamente, con eso no vamos a remediar nada, pero sabremos que ellos fueron culpables». Asimismo, Vianney Clareth Hernández, madre de Hashly Angely Rodríguez, otra de las víctimas que murieron en el incendio, denuncia que «quien fue culpable fue el Estado por no haber hecho bien su trabajo» y, por ello, vaticina que «en este caso no va a haber justicia», por lo que aboga por recurrir a instancias internacionales hasta que se consiga.
Todo surgió a partir de una revuelta de 56 niñas que el 7 de marzo de 2017 decidieron escapar de esta institución pública destinada a proteger y abrigar a menores de 18 años. Lejos de cumplir esta función, el hogar era un infierno. Allí sufrían violaciones, abusos sexuales, maltratos, hacinamiento y comida en mal estado, hasta el punto de que una de las internas llegó a ser asesinada en el interior. Tras la huida, la policía logró capturarlas y las condujo de nuevo al portón del Hogar Seguro, a la espera de que las autoridades del Gobierno de Guatemala tomaran una decisión sobre qué hacer con ellas tras haber abandonado el proceso de protección ordenado en su día por un juez.
