Con cargos de hasta 15 años de cárcel amenazó el Gobierno de Perú a los manifestantes de Machu Picchu Pueblo.
El primer ministro peruano, Alberto Otárola, destacó que «está vigente el Decreto Legislativo 1589, que fue publicado el mes de diciembre, por cuya virtud se sanciona con pena privativa de la libertad de 10 a 15 años a quienes interrumpan las vías de acceso al patrimonio de la nación«.
La población de la zona lleva días en protestas para denunciar opacidad gubernamental en el manejo del sistema de venta de entradas al santuario inca.
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Ese decreto, que modificó artículos del Código Penal, endurece las penas para quienes dañen infraestructura, servicios públicos y cometan alguna «grave» afectación a la tranquilidad ciudadana.
El descontento se desató después de que el Gobierno peruano adjudicara a una empresa privada, conocida como Joinnus, la comercialización de entradas al recinto; algo que consideran significa una «privatización sistemática» de la ciudadela inca.
