La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue acusada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio, así como lesiones graves y leves en grado de autoría en la investigación que se realiza por la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre de 2019.
De acuerdo a un documento de la comisión de fiscales presentado ante el juez de la causa de El Alto, Áñez, al encontrarse en el nivel de decisión y mando, tenía el control absoluto respecto a toda la estructura organizada de poder y en ese nivel se asumieron las decisiones sobre despliegue de unidades policiales y militares para operaciones conjunta.
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La Fiscalía presentó la imputación formal ante el Juzgado Penal Cautelar Primero de El Alto. Además solicitan detención preventiva de seis años de cárcel contra Áñez, mientras avanzan las investigaciones.
El Ministerio Público fundamentó su acusación en que Áñez fue responsable de las muertes porque emitió el decreto 4078 que permitió las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía ante las protestas pacíficas en rechazo al golpe de Estado que días antes había desalojado del poder al entonces presidente Evo Morales.
