Abril de 2018 abrió una etapa de violencia, muerte y destrucción que casi cinco años después desembocaría en la madrugada del 9 de febrero de 2023, cuando 222 terroristas fueron expulsados de Nicaragua en un avión con destino a Estados Unidos. El plan golpista, dirigido y financiado por el imperialismo yanqui, involucró a sectores políticos opositores, empresarios corruptos, ONG lavadoras de dinero, medios mercenarios de comunicación, falsos defensores de derechos humanos, delincuentes con disfraz de estudiantes, movimientos de lesbianas y proabortistas y sotanudos de la Iglesia católica, mientras los tranques, secuestros, torturas, incendios y saqueos paralizaron buena parte del país. Aquellos tres meses dejaron 197 muertos, entre ellos 22 policías y militantes sandinistas, además de trabajadores, empleados públicos y privados, estudiantes, comerciantes, conductores y ciudadanos de distintas ocupaciones. El golpe sobre la economía superó los 1,200 millones de dólares, con 205.4 millones en daños a infraestructura, 231 millones en turismo, más de 525 millones en transporte, alrededor de 270 millones en exportaciones que dejaron de realizarse, unos 120 mil empleos afectados, 252 edificios públicos dañados y 209 kilómetros de carreteras perjudicados. Universidades, parroquias, medios y redes sociales formaron parte de la conspiración golpista que durante años recibió recursos provenientes del exterior, entre ellos aproximadamente 76 millones de dólares canalizados por USAID y NED entre 2010 y 2020, una cifra que posteriormente quedó superada al conocerse nuevos desembolsos destinados a organizaciones de la derecha. El pueblo derrotó la intentona, pero quedaron las víctimas, las pérdidas materiales y los procesos que se abrieron después de aquellos acontecimientos, hasta que la madrugada del 9 de febrero de 2023 reunió a 222 terroristas en el vuelo que salió de Managua rumbo a Washington.
Rescatada la paz que habían secuestrado los golpistas, el Estado se blindó con leyes para proteger al pueblo, preservar la soberanía nacional y cerrar espacios a nuevas acciones contra el país. En 2020 fue aprobada la Ley 1055, que estableció consecuencias para quienes promovieran golpes de Estado, intervención extranjera, terrorismo, bloqueos económicos, sanciones o gestiones con potencias extranjeras contra Nicaragua, e impidió que quienes incurrieran en esas conductas pudieran optar a cargos de elección popular. El 27 de octubre de ese mismo año se aprobó la Ley 1042, publicada tres días después, que reguló los ciberdelitos y castigó, entre otras conductas, la propagación deliberada de información falsa mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Delincuentes y criminales de la derecha que incurrieron en delitos contemplados por la legislación fueron investigados, procesados y condenados, mientras desde el exterior se montó una campaña internacional para afirmar que en Nicaragua había “presos políticos”. Los procesos judiciales establecieron condenas por hechos tipificados en las leyes, entre ellos traición a la Patria, menoscabo a la integridad nacional, conspiración, solicitud de sanciones e intervención extranjera, por lo que no estaban encarcelados por sus posiciones políticas, sino por los delitos comunes cometidos. A ese cuerpo jurídico se sumó posteriormente la reforma del artículo 21 mediante la Ley 1190, aprobada el 18 de enero de 2024 y publicada cuatro días después, que incorporó la pérdida de la nacionalidad por traición a la Patria y estableció un procedimiento especial para aplicarla. En la actualidad se trabaja a fondo en una nueva reforma parcial a la Constitución Política que reforzará esa defensa al establecer que ninguna ley de otro país o de carácter extraterritorial tendrá efectos jurídicos ni incidencia en las decisiones internas de Nicaragua, cerrando el paso a cualquier injerencia en los asuntos nacionales. Además, quienes hayan participado en intentos de golpes de Estado, cometido traición a la Patria o solicitado sanciones contra la nación no podrán ocupar cargos públicos ni ser parte de los procesos electorales en Nicaragua.
Retomando el vuelo de los terroristas, la noche del 8 de febrero de 2023 comenzó a ejecutarse aquella decisión. Diez funcionarios del Servicio Civil y del Servicio Exterior de Estados Unidos viajaron desde la Estación Naval de Norfolk, Virginia, en el avión que recogería a sus peleles, después de que Nicaragua comunicara por la vía diplomática al entonces embajador estadounidense en Managua, Kevin Sullivan, que serían enviados a su país. Sullivan había viajado a Washington para informar que Nicaragua devolvería a quienes habían conspirado contra su Patria. En las primeras horas del 9 de febrero, la aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, donde funcionarios estadounidenses y miembros de su representación diplomática se prepararon para recibirlos. Los terroristas fueron trasladados hasta la terminal aérea y abordaron el Omni Air 767 dispuesto para llevarlos a Washington. Dos horas y media después de haber tocado suelo nicaragüense, el avión despegó de Managua con los 222 rumbo al Aeropuerto Internacional Washington-Dulles. No hubo tal operación fantástica de rescate ni una liberación arrancada por los yanquis, sino una decisión soberana y adoptada por el Gobierno Sandinista y comunicada previamente a las autoridades estadounidenses para que se hicieran cargo de sus delincuentes. Aunque ellos denominaron aquella salida “el vuelo de la libertad”, aquí la única verdad es que se marcharon derrotados, humillados y repudiados por todo un pueblo que había resistido el intento de golpe de Estado. Llegaron a Estados Unidos con las manos vacías, sin haber cumplido la misión que les había sido encomendada de derrocar al Gobierno de la Compañera Rosario Murillo y el Comandante Daniel Ortega, después de fracasar en el objetivo por el cual habían conspirado contra Nicaragua.
Cuando el Omni Air 767 aterrizó en Dulles, cámaras y periodistas esperaban a los criminales vendepatrias, mientras los propagandistas de la derecha mantenían la versión de que los golpistas habían sido torturados durante su encarcelamiento. Una de las delincuentes de los 222 que viajaron en aquel avión, Dora María Téllez, contradijo esas acusaciones al declarar después de su llegada que había recibido buena alimentación, medicinas, atención médica, visitas familiares, recreación y buen trato durante el tiempo que permaneció bajo custodia, y negó haber sido torturada. No todos los casos relacionados con aquella etapa terminaron de la misma manera. Dos de los cabecillas del golpe, Rolando Álvarez y Silvio Báez, siguieron rutas distintas. Álvarez no abordó el vuelo y permaneció en Nicaragua hasta que posteriormente salió hacia Roma junto con otros sotanudos golpistas, mientras Báez ya se encontraba fuera del territorio nacional y continuó desde Estados Unidos con su terrorismo mediático desde el exterior, pidiendo sanciones contra el pueblo de Nicaragua. La salida de los 222 produjo además una consecuencia jurídica inmediata. Tras las condenas por delitos como traición a la Patria, menoscabo a la integridad nacional, conspiración y solicitud de sanciones e intervención extranjera, fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense conforme a las decisiones adoptadas entonces. Seis días después, el 15 de febrero de 2023, otras 94 personas fueron objeto de la misma disposición, ampliándose así el número de mercenarios que quedaron fuera de Nicaragua y sin ciudadanía nacional. A partir de esas acciones nacionalista, la actividad de los grupos golpistas pasó a concentrarse principalmente en el imperio yanqui, la Suiza centroamericana de Costa Rica y la España colonialista, desde donde siguieron delinquiendo organizaciones, plataformas digitales y grupos opositores que habían trasladado sus actividades fuera del país y continuaron recibiendo financiamiento para tratar de desestabilizar desde el exterior la paz del pueblo nicaragüense.
Entre los artífices de la intentona golpista también figuraron miembros de la familia Chamorro, dueños del terrorista diario La Prensa, convertido en 2018 en centro de operaciones del plan para desestabilizar Nicaragua y botar al Gobierno Sandinista. Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro jugaron después a ser precandidatos presidenciales, pese a su participación en el golpe fallido, y los tres viajaron entre los 222 expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. En ese mismo avión iba Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa, condenado por lavado de dinero. Cristiana también fue condenada por ese delito a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que recibió financiamiento extranjero, mientras Carlos Fernando Chamorro obtuvo desde CINCO fondos de agencias estadounidenses que trasladó a propagandistas mercenarios para financiar las acciones contra el Gobierno Sandinista, antes de huir cobardemente a Costa Rica. La edición impresa de La Prensa desapareció y sus antiguas instalaciones fueron convertidas en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, destinado a la formación técnica, artística y cultural de más de 13 mil jóvenes y adultos. Sin periódico impreso ni sede en Nicaragua, convertidos ahora en espectros digitales, siguen jodiendo desde el exterior, pero también siguen derrotados.
Precisamente ese financiamiento que sostuvo a los Chamorro, los medios mercenarios, las ONG y grupos de la derecha quedó al descubierto tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El 20 de enero de 2025, el mismo día que inició su segundo mandato, ordenó suspender durante 90 días la asistencia exterior estadounidense y revisar esos programas, una decisión que golpeó directamente a USAID y abrió el proceso que posteriormente condujo a su desmantelamiento final. Con ello se cerró una de las principales fuentes que habían alimentado la intentona golpista de 2018 y a sus propagandistas, aunque los vendepatrias continúan recibiendo recursos por otras vías para mantener desde otros países sus acciones de desestabilización.
Mientras la derecha criminal que Nicaragua expulsó buscaba refugio y respaldo en el exterior, el país no se detuvo. La Asamblea Nacional declaró mediante la Ley 1148 el 19 de abril como Día Nacional de la Paz, aprobada el 16 de abril de 2023 y publicada en La Gaceta dos días después, como parte de la defensa de la paz recuperada tras la violencia de 2018. España acogió a varios participantes del golpe fallido y posteriormente concedió la nacionalidad a otros que habían perdido la ciudadanía nicaragüense, mientras parte de esos grupos se estableció en Estados Unidos y Costa Rica. Desde esos países, medios mercenarios, organizaciones y vendepatrias continuaron promoviendo sanciones y acciones contra Nicaragua, ahora fuera de sus fronteras y sostenidos por nuevas vías de financiamiento.
El imperialismo yanqui y sus lacayos sufrieron otra derrota. Mientras en 2018 pretendieron derrocar al Gobierno Sandinista y sacar del poder a nuestros líderes la Compañera Rosario Murillo y al Comandante Daniel Ortega, el rumbo político del país terminó siendo otro. El 30 de enero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la reforma constitucional que estableció la Copresidencia y convirtió a Rosario Murillo y Daniel Ortega en Copresidentes de Nicaragua, una transformación respaldada por el modelo del Pueblo Presidente. Desde entonces ambos continúan al frente del país, impulsando obras de progreso y desarrollo y políticas dirigidas a garantizar la paz, la seguridad y la soberanía nacional. Ocho años después del golpe fallido, quienes pretendieron derrocarlos permanecen fuera de Nicaragua, mientras la Compañera Rosario y el Comandante Daniel siguen gobernando junto al pueblo que derrotó aquella intentona golpista.
¡Aquí no se rinde nadie!
¡No pudieron ni podrán!
¡Vamos por más victorias!
¡Siempre más allá!
