La Cámara de Representantes de EE.UU. debatirá un controvertido proyecto de ley impulsado por legisladores proisraelíes que propone sanciones severas —hasta un millón de dólares en multas o 20 años de cárcel— contra ciudadanos que participen en boicots al Estado de Israel o sus asentamientos.
La iniciativa busca penalizar acciones políticas no violentas, como las promovidas por el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que aboga por presionar al gobierno israelí a través de medios pacíficos.
La legislación extendería las normativas antiboicot existentes en EE.UU. y afectaría directamente el derecho a la protesta política.
Diversos colectivos de derechos humanos han advertido que esta ley podría criminalizar expresiones protegidas por la Constitución, como la libertad de expresión y asociación. Consideran que se trata de un intento por silenciar el activismo crítico hacia la política israelí, en especial frente a los abusos en territorios ocupados.
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Promovida por los congresistas Mike Lawler y Josh Gottheimer, la propuesta cuenta con el respaldo de poderosos grupos de presión proisraelíes en Washington, como el AIPAC y la Fundación para la Defensa de las Democracias.
Aunque inicialmente fue frenada en el Senado en 2024 por oposición demócrata, el actual control republicano de ambas cámaras legislativas aumenta las posibilidades de su aprobación.
El trasfondo de estas medidas legislativas está marcado por el contexto de una ofensiva militar israelí en Gaza, que ha causado más de 52.500 muertes y 118.000 heridos, según organizaciones humanitarias. El bloqueo impuesto por Israel desde hace más de dos meses ha llevado a la población gazatí a una crisis humanitaria, con informes de hambruna generalizada entre sus 2,3 millones de habitantes, según la ONU.
