Organizaciones sociales y ambientales de seis países latinoamericanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presuntas afectaciones ambientales, conflictos sociales y vulneraciones de derechos humanos vinculadas a proyectos mineros de empresas canadienses en la región.
Durante una audiencia celebrada en Ciudad de Panamá, activistas y defensores exigieron mayor supervisión de las operaciones extractivas y responsabilidades para las compañías y el Gobierno de Canadá por los impactos de estas actividades en las comunidades.
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Entre los testimonios destacó el de José Luis Abarca, hijo del activista mexicano Mariano Abarca, asesinado en 2009, quien pidió que avance una demanda presentada en 2023 contra el Gobierno canadiense. Por su parte, la panameña Leysi Rodríguez denunció la estigmatización de comunidades campesinas e indígenas que se oponen a proyectos mineros y defienden sus territorios y fuentes de agua.
Asimismo, representantes del Centro de Incidencia Ambiental y de una organización canadiense señalaron deficiencias en los mecanismos de supervisión, acceso a la justicia y reparación para las comunidades afectadas. Los participantes solicitaron a la CIDH examinar las obligaciones internacionales de Canadá frente a las operaciones de sus empresas en el extranjero.
