El Gobierno de Cuba calificó de «piratería y pillaje» el decomiso de biodiésel realizado por Estados Unidos a cargamentos destinados a la isla y cuestionó la legalidad de la medida.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que entidades cubanas estatales y privadas habían adquirido más de dos millones de litros de combustible que se encontraban en tránsito por aguas internacionales.
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El pronunciamiento surgió después de que autoridades estadounidenses anunciaran la incautación de 600.000 litros de biodiésel. La operación ocurre en medio de las restricciones que enfrenta Cuba para garantizar su abastecimiento energético.
Fernández de Cossío defendió las compras de combustible y sostuvo que importar hidrocarburos desde cualquier país «es legal, conforme a la legislación nacional y el Derecho Internacional». También cuestionó las posibles represalias contra gobiernos y empresas que mantengan vínculos energéticos con la isla.
