Chocó, Colombia, enfrenta una grave crisis humanitaria por la violencia armada, los desplazamientos, los confinamientos, la minería ilegal y los daños que dejó el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.
La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades activar de inmediato la atención de emergencia, con especial atención a comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales.
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Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN agravaron la situación en varias zonas. En Sipí, ataques y combates dejaron tres civiles heridos y desplazaron a 65 familias, mientras otras 652 familias, unas 3 mil personas, permanecen confinadas. La Defensoría también reportó restricciones de movilidad que afectan a 129 familias en la cuenca baja del río Tamaná y confinamientos activos en Alto y Bajo Baudó.
La minería ilegal también afecta a 18 comunidades y cerca de 3 mil 800 personas, además de provocar daños ambientales y aumentar la disputa territorial. Ante este escenario, la Defensoría pidió garantizar alimentos, salud y alojamiento para las víctimas, proteger a la población civil y completar el censo de damnificados por el terremoto para agilizar la ayuda humanitaria.
