La Republica de Chad inició formalmente su proceso de retiro del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional (CPI), tras notificar su decisión al secretario general de las Naciones Unidas.
El Gobierno argumentó que el tribunal ha perdido credibilidad por aplicar una justicia selectiva que, a su juicio, ha concentrado la mayoría de sus investigaciones y procesos en países africanos y del Sur Global.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que la medida responde a una evaluación del funcionamiento de la CPI desde su creación en 2002, que determinó que el organismo aplica criterios políticos y no ofrece un trato equitativo entre los Estados. En ese contexto, Chad defendió la necesidad de fortalecer mecanismos judiciales que respeten la soberanía de las naciones.
Como parte de esa postura, el Ejecutivo llamó a la Unión Africana a acelerar el desarrollo de un sistema de justicia continental capaz de atender los casos de impunidad sin depender de instancias externas. El país reafirmó además su compromiso de investigar y sancionar los delitos mediante sus propias instituciones.
La decisión de Chad se suma a la de otros países que han cuestionado la legitimidad de la CPI, entre ellos Venezuela y Níger. Previamente, Burundi y Filipinas también abandonaron el Estatuto de Roma, mientras que potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Israel e India nunca llegaron a ratificar el tratado constitutivo del tribunal.
