El gobierno de Brasil activó oficialmente su Ley de Reciprocidad Económica, una medida aprobada por el Congreso y sancionada sin vetos por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en respuesta a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump que afectan las exportaciones brasileñas a Estados Unidos.
La legislación permite suspender concesiones comerciales, inversiones y obligaciones relacionadas con propiedad intelectual frente a decisiones unilaterales de otros países o bloques que perjudiquen la competitividad internacional de Brasil.
Esta medida responde directamente a los aranceles estadounidenses del 10 % sobre todos los productos brasileños, excepto el acero y el aluminio, que enfrentan un gravamen del 25 %.
Aunque se trata de una acción defensiva, la ley contempla la posibilidad de consultas diplomáticas para mitigar o revertir los efectos de estas medidas, priorizando también la minimización del impacto económico y evitando costos administrativos excesivos.
