La creación de la Procuraduría General de Justicia es aprobada, en primera legislatura, por la Asamblea Nacional.
Según la exposición de motivos, la entidad se crea para que, de manera conjunta con las instituciones correspondientes, se “identifique, persiga, procese y penalice, castigando firmemente, sin ninguna consideración que pretenda disminuir el vicio evidente de los corruptos, de manera que todos estos actos sean implacablemente, cotidianamente perseguidos, identificados, procesados y penados”.

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Esta iniciativa responde a las instrucciones que mandatan desatar acciones contundentes para perseguir, procesar y castigar cualquier forma de corrupción.
Estas acciones están dirigidas a proteger los intereses de las familias y el pueblo nicaragüense.
Una vez que se apruebe en segunda legislatura la reforma de los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política de Nicaragua.
Asimismo sea publicada en La Gaceta Diario Oficial, esta ley entrará en vigencia.

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Esta Procuraduría General de Justicia estará integrada por todos los Órganos de la actual PGR, incorpora el Ministerio Público y otros Organismos que cumplan funciones similares, para garantizar el resguardo del Patrimonio Nacional del Estado y el Pueblo nicaragüenses.
Los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, serán reformados.