El Gobierno de Cuba rechazó las recientes acusaciones de Estados Unidos y cuestionó los argumentos utilizados por Washington para justificar las sanciones unilaterales contra la isla. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó de “falsedades” los señalamientos de la representación estadounidense.
La respuesta de La Habana surgió luego de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señalara a la Administración cubana como “una amenaza a la seguridad hemisférica”. Rodríguez afirmó que Rubio repite “una lista específica de mentiras” para justificar “el castigo colectivo” contra el pueblo cubano.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano también denunció una persecución financiera contra el sistema energético nacional y sostuvo que Cuba no representa una amenaza para ningún país. Según La Habana, las restricciones económicas afectan directamente a la población civil y repercuten en la estabilidad regional.
El Gobierno cubano atribuye parte de las dificultades económicas a las restricciones sobre las importaciones de combustible y las transacciones bancarias. Washington, por su parte, defiende sus medidas como una herramienta para promover cambios políticos en la isla, lo que mantiene el desacuerdo entre ambos gobiernos sobre las causas de la crisis económica cubana.
