El Gobierno de Keiko Fujimori, declaró por un período de 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.
Esta medida, busca desplegar patrullajes militares contra la delincuencia, pese al escepticismo de sectores que cuestionan la eficacia de la estrategia.
Bajo el amparo del estado de emergencia, quedan suspendidos en ambas jurisdicciones derechos constitucionales fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión.
Asimismo, la seguridad personal, autorizándose intervenciones y detenciones policiales sin orden judicial previa.
La norma extiende el régimen aplicado desde 2025, estableciendo que la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con respaldo operativo de las Fuerzas Armadas.
