Al menos 1.500 menores de edad sufrieron reclutamiento forzado en Colombia durante los últimos cinco años, según un informe de Human Rights Watch.
La organización alertó sobre el aumento de estos casos y cuestionó la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Los grupos armados disidentes de las extintas FARC concentran la mayoría de los casos reportados, mientras más de la mitad ocurrieron en el departamento del Cauca. El informe señala que algunas redes pagan hasta 1.000 dólares a civiles por cada menor que reclutan.
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Los pueblos indígenas enfrentan una afectación desproporcionada: casi la mitad de las víctimas pertenecen a estas comunidades, aunque representan cerca del 4 % de la población colombiana. Además, más del 30 % de los menores reclutados tenía entre 10 y 14 años, una práctica que puede constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.
Los grupos armados utilizan a los menores para tareas militares, inteligencia, mensajería, vigilancia y actividades vinculadas al narcotráfico. Las niñas también enfrentan violencia sexual. Human Rights Watch advierte que estas organizaciones utilizan redes sociales para promover su imagen y difundir falsas ofertas de trabajo con las que captan a sus víctimas.
