Más de 60 madres salvadoreñas han unido esfuerzos para exigir al Estado información sobre sus familiares detenidos durante el régimen de excepción vigente desde 2022.
Las mujeres denuncian que, pese al paso de los años, continúan enfrentando incertidumbre sobre el paradero y la situación legal de sus seres queridos. El reclamo surge en un contexto marcado por miles de capturas realizadas como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas.
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De acuerdo con cifras oficiales, las autoridades arrestaron a más de 91 mil personas, mientras que el propio Ejecutivo reconoció que al menos 8 mil de los detenidos eran inocentes.
Entre los casos que impulsaron la organización destaca el de Merlon Urías, detenido a los 18 años. Su madre, Mirna Urías, convirtió su búsqueda personal en una causa colectiva al fundar Madres por la Libertad, agrupación integrada al Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).
Las integrantes del colectivo realizaron una marcha en el Centro Histórico de San Salvador con fotografías y pancartas de sus familiares, demandando respuestas de las autoridades. Las organizaciones sociales que acompañan estas denuncias aseguran que persisten irregularidades en algunos procesos judiciales y penitenciarios, lo que mantiene viva la preocupación de cientos de familias.
