La comisionada Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) urgió al Estado a implementar políticas públicas para prevenir el desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, señalando que la niñez es uno de los sectores más vulnerables frente a amenazas y violencia en Honduras.
Entre 2019 y 2024 se registraron más de 7,100 quejas que afectaron a unas 18,100 personas, de las cuales el 20 % eran menores. El 2023 fue el año más crítico, con 1,243 menores afectados, concentrados principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
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Según el seguimiento de la UDFI, en el 69 % de los casos de desplazamiento forzado de menores los responsables son maras y pandillas.
El detalle es que el 22 % agresores desconocidos, en 5 % bandas criminales y solo en 4 % personas conocidas.
Pese a la existencia de una ley de protección, no hay una respuesta efectiva en investigación y sanción de los responsables.
El CONADEH trabaja junto a organizaciones e instituciones para proteger a los grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, niños, adolescentes, personas adultas mayores, indígenas, afro hondureñas y población LGTBI, garantizando la vida y los derechos humanos frente al desplazamiento forzado.
