Miles de venezolanos se movilizaron cerca del Tribunal Federal de Nueva York para exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, secuestrados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses.
Los manifestantes denuncian el acto como un atropello al Derecho Internacional y un intento de apropiarse de los recursos naturales de Venezuela bajo el pretexto del narcotráfico.
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Expertos en derecho internacional advierten que la operación viola la Carta de la ONU, incluidos los artículos que prohíben el uso de la fuerza y las resoluciones sobre agresión armada.
El secuestro de un jefe de Estado constituye, según especialistas como William Schabas, un crimen de guerra y un precedente que debería juzgar el Tribunal Penal Internacional.
El Gobierno venezolano respondió activando la continuidad institucional: la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió temporalmente todas las funciones presidenciales, garantizando la defensa del país y la estabilidad administrativa frente a la acción unilateral de Estados Unidos.
Desde el 3 de enero, las movilizaciones populares se extendieron por calles, plazas y avenidas de todo el país.
