El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el despliegue hacia Illinois, de al menos 300 tropas de la Guardia Nacional.
Esta medida se produce en un contexto de continuas protestas contra las agresivas operaciones de las fuerzas del orden federales para arrestar a migrantes en Chicago.
A pesar de que la juez de distrito Karin Immergut, dictó sentencia de restricción temporal que impide al presidente desplegar la Guardia Nacional, la administración de Trump ordenó el traslado militar a Chicago.
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La magistrada argumentó que las autoridades de Oregon y la ciudad “probablemente ganarán su demanda” porque el presidente se habría excedido en su autoridad constitucional.
La jueza Immergut, una designada por el propio Trump, advirtió que el mandatario parecía haber “federalizado” la Guardia Nacional de Oregon “sin autoridad constitucional”, determinando además que las protestas en Portland “no suponían un ‘peligro de rebelión’”. La decisión judicial creo un panorama legal volátil, desafiando directamente la potestad del Ejecutivo para emplear tropas en ciudades que se oponen a sus políticas.
