El Gobierno de México inició un proceso de reforma profunda a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) con el objetivo de crear una Ley General de Aguas que garantice el control del recurso como patrimonio de la nación.
Esta propuesta busca frenar el acaparamiento, el uso ilegal y la corrupción que históricamente han afectado la gestión hídrica del país.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende asegurar el acceso al agua para toda la sociedad y fortalecer las sanciones contra quienes afectan la disponibilidad del recurso, incluyendo el crimen organizado y los abusos de poder.
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Entre las modificaciones más importantes destaca la inclusión de delitos relacionados con el agua en el Código Penal Federal, estableciendo penas de hasta 12 años de prisión y multas superiores a 5 millones de pesos. Los ilícitos contemplados incluyen el traslado no autorizado de aguas nacionales, el desvío de cauces que ponga en riesgo a la población o los ecosistemas, y la manipulación de equipos de medición para simular consumos menores.
La reforma también castiga la corrupción dentro de la administración pública, con penas de hasta 12 años para funcionarios que otorguen concesiones indebidas o para quienes busquen títulos mediante sobornos. Además, introduce el concepto de “responsabilidad hídrica” para reconocer a concesionarios y asignatarios que gestionen el agua de manera transparente, complementando sanciones como clausuras y revocación de títulos por explotación excesiva.
