El presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó una iniciativa que impondría un impuesto de 5 por ciento a las remesas al extranjero por parte de no ciudadanos, lo que se sumaría, si se concreta, a una tasa ya existente de entre 5 por ciento y 10 por ciento, a las transferencias por Western Union y MoneyGram International, los servicios más usados por los migrantes.
Estos envíos constituyen, por ejemplo, aproximadamente 21 por ciento del producto interno bruto (PIB) de El Salvador, que, pese a su convenio con EE.UU. para recibir presuntos criminales, podría erigirse en uno de los países más afectados por este proyecto de ley.
Honduras, que ha servido de intermediario para la deportación de inmigrantes, también afrontaría un golpe para 21 por ciento de su PIB. Mientras que en Guatemala, otra nación que tiene en las remesas una fuente crucial para su economía, representa 17 por ciento.
Bajo ese contexto, el embajador de México en EE.UU., Esteban Moctezuma Barragán, se reunió con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, para recordarle que las remesas “no eran transferencias onerosas o de lujo, sino que iban directamente al gasto básico de las familias de menos recursos”.
“Le manifesté nuestra preocupación por las afectaciones que personas trabajadoras mexicanas y sus empleadores tendrían por la aplicación del impuesto a las remesas que envían a sus familias”, expresó el embajador.
