La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordenó a la administración del presidente Donald Trump la suspensión temporal de las deportaciones de migrantes venezolanos, tras considerar que no se estaba respetando su derecho a una revisión judicial previa.
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La decisión se tomó luego de una petición urgente presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Esta petición advirtió sobre el riesgo inminente de expulsiones arbitrarias.
La medida beneficia a un grupo de migrantes recluidos en el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson, Texas.
Este grupo estaban siendo procesados para su deportación bajo la antigua y controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La Corte ya había advertido que los migrantes deben ser debidamente notificados y tener la posibilidad de impugnar su expulsión en tribunales.
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La ACLU argumentó que la aplicación de esta ley sin las garantías procesales básicas vulnera los derechos fundamentales de los migrantes.
Destacó, especialmente el casos como el de los ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales huyen de situaciones extremas y requieren protección internacional.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos denunciaron que al menos 238 venezolanos han sido deportados a El Salvador, donde permanecen encarcelados ilegalmente bajo falsas acusaciones de pertenecer al disuelto grupo criminal Tren de Aragua, lo que agrava aún más la crisis humanitaria de estos migrantes.
