La Fiscalía de Brasil acusó a 39 personas por su vínculo en los disturbios contra las sedes gubernamentales de ese país el pasado 8 de enero cuando partidarios bolsonaristas intentaron derrocar el gobierno de Lula da Silva.
La Fiscalía destacó que los acusados deberán responder por seis delitos, entre ellos: intento de golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio nacional.
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Carlos Frederico Santos, vicefiscal y coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, elevó la querella a petición del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
Se solicitó la prisión preventiva de los acusados «para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado Democrático de Derecho», señaló en un comunicado del Ministerio Público al indicar que también se gestionó el bloqueo de bienes por un total de 7.7 millones de dólares para reparar el daño «tanto material a la propiedad pública como a la moral colectiva».
